El coste de la energía eléctrica para un usuario medio ha sufrido un incremento del 85,7% en los últimos 15 años. Esto significa que el recibo de la luz ha pasado de una media en 2005 de 43,47€, a 80,73€ en 2020. Un aumento considerable, sin lugar a dudas. Y que por consiguiente, nos puede perfectamente dar a entender que si vamos más hacia atrás en el tiempo, como por ejemplo a los años 80, ese aumento va significar porcentajes aún mayores.

La parte fija de la factura, la que más refleja el aumento

En los últimos años, según las estadísticas revelan, esa parte fija de la factura se ha incrementado en un 155,8%, lo que significa que no solo ha doblado su precio, sino todavía aún más. El precio de potencia contratada de 1,73€ x kilovatio/mes (sumando 1,42€ a modo de impuestos indirectos), en 2005, ha pasado a 4,36€ x kilovatio/mes (sumando 3,43€ en impuestos indirectos), en 2020.

En la parte variable de la factura, que es la que muestra el consumo efectivo, el precio de kilovatio de esta energía consumida se ha encarecido un 71,5% desde 2005, pasando de los 9,80 céntimos hasta los 16,81 céntimos actuales.

La luz eléctrica es sin duda uno de los suministros que mayores subidas ha presentado en sus precios. Desde los años 80, su aumento se ha disparado, alcanzando porcentajes no comparables con ningún otro suministro o servicio. Siendo por otra parte, indispensable, no queda alternativa a los usuarios que resignarse a aceptar los aumentos de tarifas.

Reivindicaciones al Gobierno para reducir la factura eléctrica

Facua-Consumidores en Acción, ha elaborado un documento en el cual se insta a una reducción del IVA en la electricidad, aun 4%. Además de esto, se sugiere la creación de una tarifa regulada destinada a todas aquellas familias que tengan una potencia contratada no superior a los 10 kilovatios.

Esta aplicación de la reducción notable del IVA, supondría un ahorro de unos 130€ para un usuario medio. Argumentos válidos en defensa de esto son los indiscutibles elevados precios de la luz eléctrica, amparados por la ausencia de competencia en el sector, y la situación de miles de familias españolas a las que estas elevadas facturas no les benefician en nada.